Lo invito a que se traslade por un momento a un mundo sin información, no me refiero a un mundo sin tecnología, sino aun mundo sin datos para tomar decisiones: ¿Qué hora es? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Habrá trancón para llegar al trabajo? ¿Lloverá para llevar sombrilla? Estas decisiones hoy parecen fáciles: consultar el reloj, mirar la agenda, poner waze o consular la aplicación del tiempo. Desde los años 70, hemos avanzado estruendosamente en un mundo que dispone de diversos medios para entregar información, la cuál permite nuestra toma de decisiones.

Si tomamos ejemplos de trascendencia colectiva: ¿Qué decisiones está tomando el presidente de mi país hoy? ¿Habrá tercera guerra mundial? ¿Por quién debo votar? ¿Qué estará votando el Congreso de mi país? ¿Cuánto dinero ha destinado mi Alcalde para el arreglo de vías? Si la información es importante para tomar decisiones personales, piense en la trascendencia de la información pública. ¿Qué es información pública? Todo… absolutamente todos los datos que producen o custodian las entidades públicas o entidades que presten un servicio público.

Pocas personas saben que en Colombia, acceder a la información pública es un derecho, y un derecho fundamental. Se hace énfasis, en Colombia, porque no todos los países del mundo han dado este paso. Nuestro país es un pionero, de la mano de Chile y México, se han convertido en referentes para el mundo. Contamos con mejor reglamentación que lo Estados calificados como
superpotencias como Estados Unidos o Alemania. En el año 2014, gracias a la acción de un grupo de organizaciones ciudadanas se sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), poniendo a Colombia en un grupo de países élite que reconoce este derecho.

Pero ¿Por qué es importante el derecho de acceso a la información pública? Existen dos ámbitos:

Día a día existe información pública que es de vital importancia para tomar decisiones personales: la historia clínica, las fechas de matrícula escolar, las becas que otorga el Estado, las semanas de cotización para pensionarse, requisitos para acceder a los programas sociales del estado, los candidatos de las próximas elecciones, cómo acercarse a las entidades en busca de justicia, entre otros. Todas estas acciones que desarrollamos para salvaguardar otros derechos como la salud, la educación, el trabajo digno, la participación política, por eso acceder a la información es un derecho fundamental, en ocasiones protege hasta la vida misma.

Desde el punto de vista colectivo, Colombia está despertando al flagelo de la corrupción que se lleva aproximadamente 50 billones de pesos anuales. Para aterrizar la cifra, con ese dinero se garantizaría vivienda digna a todos los Colombianos. Una de las principales causas de la corrupción, es la opacidad. Algo opaco es algo que no deja ver a través, por eso se habla que el paso para prevenir la corrupción es la transparencia, y una de sus consideraciones más básicas se refiere a la entrega total de información de calidad porque le permite a la ciudadanía conocer las actuaciones del Estado y, de esta forma, controlar su funcionamiento y gestión. Gracias a esto, se
evidencia la forma como se están ejecutando los recursos públicos y se están cumpliendo las funciones públicas, siendo este un ejercicio de control social.

Cuando todos los ciudadanos pueden conocer el funcionamiento, la estructura, los procesos y las decisiones que se toman desde el Estado, se restringen las posibilidades de realizar actos de corrupción, y a la vez se puede evaluar la eficiencia y pertinencia de la
ejecución de programas, así como la ejecución del presupuesto público y si éste responde a las necesidades sociales.

Pero nos quedamos en marcos normativos determinantes y estructuras institucionales perfectas. La gran mayoría de ciudadanos y servidores públicos ignoran que en Colombia existe el derecho fundamental de acceder a la información pública, y por ende, no lo utilizamos ni lo hacemos respetar. Seguimos pensando que las entidades públicas tienen la potestad de decidir entregar información y se recurre, de forma casi que natural, al derecho de petición. Adicionalmente, recibimos información que no entendemos y no nos atrevemos a preguntar. ¿Cuántas personas en Colombia saben leer los presupuestos públicos? ¿A cuántos nos han dado respuesta citando innumerables leyes que no entendemos? ¿Y si hablo una de las 52 lenguas indígenas que son oficiales en Colombia? ¿Y si soy ciego? El derecho a acceder a la información pública trasciende la simple entrega de información y reta al servidor público a comunicar de forma efectiva, buscando que el receptor final entienda la solicitud hecha.

Vivimos en una sociedad que da por sentado sus derechos. Como individuos en muchas ocasiones no entendemos las luchas sociales históricas que esconde cada conquista ¿Votar? ¿Participar? El mismo derecho a la vida no era tema prioritario hace un par de siglos, cuando sin juicios se decidía quién iba a la guillotina. En ocasiones olvidamos una de las conmemoraciones más importantes de
nuestra época: la declaración de los derechos humanos. Ha sido un largo proceso para avanzar en el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, sexuales, reproductivos y ambientales. Nos ha costado como sociedad, muertes, movilizaciones sociales, alteraciones del estatus quo, destierros, gritos y lágrimas. Acceder a la información pública es otro triunfo social, démosle el uso que necesita el país para cuidar nuestros recursos y buscar administraciones más transparentes.

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